Finalizada la etapa de prueba documental que se inició el 18 de junio a través de videoconferencia, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, luego de una reunión de coordinación con los intervinientes, confirmó para hoy martes 21 de julio la continuación del juicio por los delitos de asociación ilícita, estafas y loteos irregulares, en la venta de terrenos en las comunas de Coquimbo y La Serena.
Esta continuación, se realizará mediante la modalidad semipresencial, siendo el juicio presidido por la jueza Eugenia Gallardo, quien junto a la magistrada Paola Cortés participarán desde el tribunal, en tanto, que la jueza María Inés Devoto, lo hará en forma remota.
“En el caso de los intervinientes, el abogado querellante, Vicente Moya, asistirá vía zoom, debido a que se encuentra dentro del grupo de personas con restricción de movilidad decretada por el Gobierno. En tanto, los demás intervinientes y acusados podrán asistir presencial o por videoconferencia. Como tribunal además mantendremos la debida flexibilidad llevada a cabo hasta ahora, para que defensores y acusados mantengan una adecuada comunicación en caso de comparecer remotamente, reguardando en todo momento las garantías procesales que los amparan, así como la de todos los intervinientes”, señaló la magistrada Paola Cortés.
En cuanto a peritos y testigos estos deberán comparecer a las dependencias del tribunal, donde serán recibidos por un funcionario y se iniciará la audiencia a partir de las 9 horas, horario en que se recibirá un primer testigo o perito, y luego un segundo, a contar de las 11.horas. Así la posibilidad de aumentar la recepción de un número superior de testimonios será evaluado de acuerdo a la evolución que presente la pandemia.
De esta manera se mantendrá en el tribunal tan sólo 3 funcionarios en labores presenciales, y en la sala de audiencia, un máximo de 10 personas, las que en todo momento deberán mantenerse con mascarilla y cumplir todas las recomendaciones entregadas por el Ministerio de Salud y los protocolos del Poder Judicial, sin admitirse asistencia de público.
El juicio, que comenzó el pasado 25 de febrero y fue suspendido debido a la pandemia, considera 67 víctimas querellantes, más de 200 testigos, un decena de peritos y más de mil 200 pruebas documentales, además de pruebas gráficas, de audio y fílmicas.