El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condenó hoy –martes 30 de julio– a Roberto Felipe Arancibia Acuña, a las penas efectivas de 5 años y 3 años y un día de presidio, como autor de los delito consumados de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando muerte, lesiones graves gravísimas y el incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad, respectivamente. Ilícitos perpetrados en octubre de 2017, en la Ruta 5 Norte.
En fallo unánime (causa rol 76-2019), el tribunal –integrado por los magistrados Carline Turner (presidenta), Nury Benavides y Claudio Weishaupt (redactor)– aplicó, además, a Arancibia Acuña las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras duren las condenas; más el pago de una multa total de 19 UTM.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 5.30 horas del 29 de octubre de 2017, en la Ruta 5 de La Serena, Roberto Felipe Arancibia Acuña conducía en dirección al sur en estado de ebriedad, al menos con una graduación alcohólica de 1,43 gramos por mil de alcohol en la sangre, a una velocidad mayor a la permitida y sin encontrarse atento a las condiciones del tránsito, colisionando por alcance al automóvil que lo antecedía, conducido por la víctima María Loreto Cortés Cofré, quien, a consecuencia del impacto, falleció más tarde en el hospital de Coquimbo; en tanto que su acompañante, Solange Paola Aguilera Gallardo, resultó politraumatizada con lesiones graves gravísimas, y Jonathan Fredes Ponce, policontuso de carácter menos grave.
En tanto, los ocupantes del automóvil que conducía el condenado resultaron con politraumatismo de carácter menos grave y policontusión de carácter leve.
Arancibia Acuña, luego de descender del vehículo que conducía, se dio a la fuga del lugar del accidente, sin prestar la ayuda necesaria a las víctimas y sin denunciar el hecho a la autoridad competente.