El Tribunal Oral en lo Penal de La Serena acogió la prueba de la Fiscalía de La Serena y condenó a un grupo de 3 extranjeros por el delito de estafa, sentencia que fue conmutada por la expulsión del país.
Miguel Arango Quinteros, Yerso Jair Vargas Roa y Norma Constanza Ramírez, fueron sentenciados a las penas de 5 años de presidio, sustituyendo el cumplimiento efectivo por la expulsión del territorio nacional de los ciudadanos colombianos, en calidad de coautores del delito de estafa. Ilícito perpetrado en noviembre del año pasado, al interior de sucursal bancaria de La Serena.
La Fiscalía acusó que a las 11 horas del 27 de noviembre de 2017, la víctima, concurrió al Banco Santander en La Serena, desde donde retiró la suma de $11.755.000 en efectivo, dinero que guardó en una mochila.
Al salir del banco, fue abordado por una mujer no identificada que, haciéndose pasar por ejecutiva bancaria, lo acompañó a un box al interior del recinto indicándole que debían revisar el dinero, llevándose la mochila; en el lugar, lo atendió Norma Constanza Ramírez y, haciéndose pasar por un cliente, a su lado se ubicó Guillermo Arango Quinteros, quien le obstaculizó el paso.
También intervino Yerso Vargas Roa, quien desplegó maniobras para tranquilizar y distraer al afectado, informándole que la mujer que se había llevado su mochila revisaba el dinero en el sector de cajas.
El fiscal que llevó el caso, Ricardo Salinas, resumió las pruebas con que se logró condenar a los sujetos. “Fue el trabajo de la Brigada de Robos de la PDI y que concluyó en este juicio. En éste propiamente tal, con la declaración de la víctima y una videograbación se estableció la dinámica de los hechos, en especial focalizando varios lugares del banco. Logramos determinar la dinámica completa. Estas tres personas fueron condenadas, con pena sustitutiva de expulsión…uno de ellos fue objeto de una extradición pasiva y deberá cumplir pena por homicidio en Colombia”, dijo.
Las magistradas Nury Benavides (presidenta), Caroline Turner y Victoria Gallardo (redactora), además aplicaron las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas; más el pago de una multa de 15 UTM (unidades tributarias mensuales).