Subdere destinó $598.198.505 millones para 557 trabajadores de cinco comunas de la región.
Se trata del “Bono Aseo” que se entrega anualmente, desde 2014.
Poco más de un millón de pesos recibirán 557 trabajadores de la recolección y transporte de residuos domiciliarios a través del denominado “Bono Aseo”, beneficio que en Coquimbo se realizará a través de cinco municipios que tienen sus servicios externalizados.
Se trata de $598.198.505 millones de un total de $17.950 millones que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) depositó a las municipalidades y que en Coquimbo se distribuirán entre 265 barredores de calles, 101 choferes y 191 peonetas.
“El Bono Aseo es un compromiso que como Gobierno tenemos con los recolectores de residuos, un incentivo que desde el año pasado tiene una especial relevancia, pues pese a la pandemia, ellos no han dejado de cumplir su labor y mantener limpias las ciudades de todo Chile”, dijo la subsecretaria María Paz Troncoso.
“Han sido tiempos muy complejos en materia sanitaria y sabemos el enorme esfuerzo que han realizado los trabajadores del servicio de aseo en cada comuna del país. Son hombres y mujeres que han trabajado incansablemente, muchas veces en extensas jornadas de trabajo, pero siempre con una sonrisa en su rostro, en un servicio tan importante para el funcionamiento de nuestras ciudades materializado en una invisibilizada entrega diaria. Hacemos un urgente llamado a los municipios de la región para que aceleren el traspaso de estos recursos a los trabajadores», afirmó el Jefe Regional de la Subdere, César Gómez.
El bono se entrega anualmente desde 2014, cuando la primera administración del Presidente Sebastián Piñera, determinó incluirlo en la Ley de Presupuestos tras sostener una Mesa Técnica de Recolectores de Residuos Domiciliario en 2013.
Cabe destacar que en enero Subdere envió al Congreso un proyecto de ley que perfecciona la regulación de la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios. Además, busca que las bases de licitación elaboradas por cada municipio sean sometidas a toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
