Una nueva jornada de protesta se vivió en las afueras de la mina Altos de Punitaqui. Es que a los trabajadores de planta de la mina les adeudaban el mes de mayo, imposiciones de hace meses e incumplimiento de contrato colectivo, entre otras graves faltas a la normativa laboral, tal como ocurrió hace un tiempo con la contratista CAVA, que dependía de esta minera, pero con otro grupo de trabajadores. Por este motivo, el diputado Daniel Núñez propuso como una salida definitiva a este conflicto que Enami, a la vez acreedora de esta empresa, la controle, tal como el Gobierno está salvando a la empresas privadas en medio de la actual pandemia.
Si bien, la empresa pagó el mes de mayo, envió el comprobante a los trabajadores, el conflicto persiste. Y se logró que le pagara a sus trabajadores por la presión de la autoridad y la manifestación de los trabajadores. En el lugar estuvieron el diputado Núñez, el seremi de minería, Roberto Vega, el alcalde de Punitaqui, Carlos Araya quienes solidarizaron con los trabajadores quienes cortaron la ruta camino a Combarbalá. Luego de 4 horas de incesantes reuniones, la empresa accedió a pagar parte de lo adeudado.
Pero, los trabajadores siguen con recelo, debido a que la empresa, si bien, les mostró el voucher de pago, más de 200 millones de pesos, sólo el salario de Mayo, dando la orden de depósito al banco, para que a su vez se les cancele directamente en cada una de las cuentas de los trabajadores, estarán atentos en sus cuentas, de lo contrario, volverán con más fuerza a la protesta.
«Yo he tomado compromisos con ustedes, dos reuniones este lunes, una con el ministro Baldo Prokurica y el vicepdte ejecutivo de Enami y la otra con la Súper. de insolvencia y reemprendimiento. Ellos quieren que la empresa sea declarada en reorganización, conseguir un inversionista y volver a sus funciones. Yo no tengo la certeza que el dueño cumpla y tenga esa intención. Yo solicitaré a Enami que administre temporalmente esta empresa, eso es lo que a mi me da certeza, Enami es una acreedora de esta empresa, al final estas empresas son propiedad del Estado de Chile», afirmó el diputado Núñez.
El legislador agregó que «que el Estado administre esta empresa, que se haga un plan para sacarla adelante y si hay que colocarle plata, yo como diputado y pdte de la Comisión de Hacienda estamos dispuestos, me comprometo a ello, porque nos están pidiendo ponerse con la empresa privada, para cuidar el empleo, perfecto, y también si hay que meter recursos para salvar empresas del Estado, también hay que hacerlo».
Según la empresa, la deuda que posee es de unos 32 mil millones de pesos y entrega unos 700 puestos de trabajo para la Provincia del Limarí, que es un impacto importante para la zona.
Héctor Arias, dirigente sindical de los trabajadores sostuvo que «tuvimos que ejercer una importante presión con un diputado, seremi, para que la empresa recién se hiciera responsable de los sueldos. Somos unos 177 trabajadores que hemos paralizado nuestras actividades debido a esta tremenda incertidumbre».
Respecto del concentrado que salió en la noche del miércoles, una vez que la empresa se enteró que al otro día habría manifestación, en pleno toque de queda, trabajo realizado por los mineros, Arias respondió que «tres camiones de concentrado salieron de acá, no sabemos cuál fue su destino. Se hizo una denuncia con nuestros abogados para saber qué sucedió con ese mineral».
El seremi de Minería, Roberto Vega indicó que «todas las reuniones que hemos tenido se han ido truncando con la empresa y ahora nuevamente hay manifestaciones. Los trabajadores que hoy se manifiestan son el 100% del corazón operativo de esta empresa. Lo más grave es que es el mismo modus operandi de tiempo atrás. Nosotros como Gobierno estamos dispuestos a ayudar a todas las empresas, pero, el primer compromiso de cualquier empresario es con sus trabajadores. Ellos están incumpliendo las leyes laborales y como decía el diputado Núñez, hay una viabilidad de salida, pero requiere de responsabilidad. Esta empresa actualmente está en una situación de intervención, ellos la solicitaron. Hay salvaguardias por parte del Estado, pero ellos le deben responder a sus trabajadores».
El alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, llegó a la última reunión, sin embargo, la empresa no lo dejó pasar. «Durante la mañana tuvimos concejo municipal analizando un tema complejo, pero sabía paso a paso lo que estaba ocurriendo aquí. El diputado Núñez es testigo, tengo estrictamente prohibido la entrada a esta minera, siendo el representante de esta comuna. Cuando tuvimos el problema con la contratista CAVA, yo les dije unas cuantas verdades, que no les gustó. Estamos en plena pandemia y a esta gente no le interesa eso. Nosotros como Municipio, al igual como pasó con CAVA, lo que se requiera, los estaremos apoyando (a los trabajadores)».