La representante de Valparaíso, región donde se emplazan las comunas de Quintero y Puchuncaví, pide al gobierno mayor voluntad en la política de descarbonización y cuestiona el programa estrella del gobierno en materia energética.
- “La electromovilidad no se puede vender como algo ‘verde’ si seguimos con casi la mitad de nuestra matriz energética de carbón” señala, planteando que “está demostrado que es posible técnica y económicamente el cierre de las termoeléctricas a carbón gradualmente al 2030, sin afectar la seguridad del suministro ni los costos de energía”.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, Isabel Allende, planteó sus dudas sobre la real sustentabilidad de la ofensiva full electric en los sistemas de transporte que impulsa el gobierno, si esta energía proviene en gran medida de termoeléctricas a carbón. La legisladora socialista representa a la región de Valparaíso, donde se emplazan las comunas de Quintero y Puchuncaví, y en las últimas semanas ha sido particularmente dura con la postura pública del gobierno en la materia.
“En vez de ‘descarbonización’ el gobierno habla mucho de ‘electromovilidad’. Pero de nada nos sirve esta electromovilidad si el 40 % de la energía de esos autos proviene de termoeléctricas de carbón que producen cáncer y enfermedades respiratorias como neumonía en la población” expresó la parlamentaria. En su opinión, “la electromovilidad no se puede vender como algo ‘verde’ si seguimos con casi la mitad de nuestra matriz energética de carbón”.
Isabel Allende manifestó que en la lucha para ir disminuyendo la generación a carbón “la disposición de gobierno no ha sido visible hasta ahora, depende de la voluntariedad. Necesitamos una posición de Estado firme en este ámbito, especialmente teniendo en cuenta los compromisos internacionales que Chile ha suscrito en materia de cambio climático”. Por lo pronto en el Congreso de tramitan varias iniciativas que apuntan en tal sentido. “Desde el Congreso Nacional la voz es firme: la descarbonización es un imperativo ambiental y ético que no es transable. Es además un imperativo que no produce un impacto en la economía, según el mismo Coordinador Eléctrico Nacional” explicó.
Por ello descartó que se deba mantener el 2050 como plazo para la descarbonización. “Al año 2030 podemos lograr descarbonizar la matriz. Está demostrado que es posible técnica y económicamente el cierre de las termoeléctricas a carbón gradualmente al 2030, sin afectar la seguridad del suministro ni los costos de energía” puntualizó.
Puchuncaví y Quintero
Sobre la emergencia ambiental de Quintero y Puchuncaví, la senadora planteó que con este caso quedó en evidencia que la institucionalidad ambiental no es suficiente para enfrentar la conflictividad socioambiental del país: “El ministerio de Medio Ambiente no tuvo facultades para paralizar las faenas de las empresas para abordar la crisis, tuvo que hacerlo el ministerio de Salud” reflexionó, por tanto “las normas ambientales no son suficientes. Como si fuera poco, la respuesta de Salud fue tardía respecto de lo que se esperaba”. Aún así, consideró correctas algunas de las medidas, como generar una red de monitoreo independiente, actualizar la norma de azufre, acelerar el Plan de Descontaminación Atmosférica y que se haya abierto a respaldar las mociones parlamentarias sobre delito ambiental.
Con todo, considera que “estas medidas no son suficientes. Se requiere una mirada integral para resolver los problemas ambientales que existen en el territorio”. Entre ellas dictar y actualizar las normas de calidad primaria y secundaria para aire, agua, suelo, ruidos, olores. Y también impulsar el Plan de Recuperación Ambiental y Social para Quintero, Puchuncaví y otras zonas con problemas de contaminación similares, que contiene más de 100 medidas trabajadas con la comunidad, las autoridades y las empresas, y que se pueden cumplir en un horizonte de 5 años, “que es el mismo plazo que el Plan de Descontaminación Atmosférica se autoimpone para que la zona vuelva a cumplir la norma de calidad atmosférica” explica.
Apunta que en el sector político que representa se ha generado cierto consenso en que “no es posible que el Estado permita la existencia de ‘zonas de sacrificio’. Lo que es necesario discutir es qué es lo que se requiere para que el Estado de Chile garantice realmente el derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación”.
Es por ello que su apuesta va por ampliar las facultades de fiscalización y presupuesto de la Superintendencia de Medio Ambiente; modernizar la legislación sobre delitos ambientales “ya que los de hoy tienen escasa o nula aplicación” (en la Comisión de Medio Ambiente se está discutiendo este tema); firmar y ratificar el convenio de Escazú que mejora el estándar de participación ciudadana en los conflictos socioambientales; agilizar la dictación de normas de calidad y emisión para suelo, agua, aire, ruidos, olores (permitiendo, de paso, que sea una materia que puedan impulsar los parlamentarios y no exclusivamente el Presidente); y agilizar la dictación y actualización de los planes de descontaminación y prevención para zonas saturadas y latentes, respectivamente, con plazos concretos.