Fortalecer las unidades de auditoría y control de los gobiernos regionales, eliminar la figura del delegado presidencial, fortalecer el rol de fiscalización de consejos regionales y extender su período a cuatro años, además de una reforma constitucional que establezca un mecanismo claro de traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales, son algunos de los puntos del documento.
En Rancagua se realizó el más reciente encuentro de consejeros y consejeras regionales de Chile, donde se analizó en detalle diversos temas propios del proceso de descentralización del país. En este contexto, las Asociación de Gobernadoras y Gobernadores de Chile (AGORECHI) y la Asociación nacional de Consejeros y Consejeras Regionales de Chile (ANCORE), firmaron un protocolo de entendimiento en materia de descentralización.
Son once los objetivos planteados en este documento, considerando el fortalecimiento de la descentralización; un mayor control y fortalecimiento de unidades de auditoría y control de los gobiernos regionales; la eliminación de los delegados presidenciales; la Ley de Rentas Regionales y Descentralización Fiscal; y el Fortalecimiento del Rol de Fiscalización de Consejos Regionales.
Además, se plantea extender el período a cuatro años para consejeros regionales; fortalecer dotaciones y aumento de plantas; la dedicación preferente de la función de consejeros regionales; una reforma constitucional que establezca un mecanismo claro de traspaso de competencias desde el estado central a los gobiernos regionales; y materias de seguridad Pública.
Para el consejero regional Javier Vega, quien además preside la comisión de Presupuesto del CORE de Coquimbo, “este momento de entendimiento en este protocolo de acuerdo, es una de las instancias de mayor relevancia que hemos tenido durante estos tres años, pues al inicio los consejos regionales y el ejecutivo tomaron cierta distancia en algunos casos. Muchos gobernadores entendieron esto y fueron solucionando estas problemáticas, sin embargo, en algunas regiones permanecen las complicaciones, como es el caso de nuestra región”.
Pese a lo anterior, la región se suma a este protocolo de entendimiento por la descentralización, con el fin de que este 2024 se afinen las coordinaciones y el trabajo colaborativo entre los cuerpos colegiados y ejecutivos de cada región, y así “solucionar las grandes demandas que hoy nos requieren, tanto locales como territoriales, y aquellas que no han sido satisfechas durante muchos años”, agregó Vega.
Por su parte, el consejero por Limarí y presidente de Ordenamiento Territorial e Infraestructura, Wladimir Pleticosic, destacó que “los territorios regionales son unidades que necesitan seguir en este proceso de descentralización, en materias tan importantes como, por ejemplo, en materia fiscal, que busca recaudar una mayor cantidad de dinero desde las propias vocaciones territoriales de cada una de las regiones, además de generar una ley de rentas que promueva esta descentralización fiscal”.
El consejero también enfatizó que el proceso de traspaso de competencias debe ser claro, preciso y que dé cuenta de las realidades de cada región, con un fortalecimiento de la institucionalidad, que permita fortalecer la dotación y el aumento de plantas para los funcionarios de los gobiernos regionales, además de fortalecer el control de las unidades de auditoría y control interno.
Respecto del requerimiento de atribuciones en materia de seguridad pública para gobiernos regionales y consejeras y consejeros, la presidenta de la comisión de Régimen Interno, Paola Cortés, dijo que “es importante que podamos trabajar en conjunto, implementar políticas y, así, llegar a tiempo a todos los rincones de nuestra región, trabajando con las policías y con quienes corresponda. Este es un tema de gran relevancia a nivel nacional, y esperamos que este acuerdo se lleve a cabo en todas las regiones, y que aprendamos que hay temas que son críticos y que tenemos que abordar en conjunto”.