La pena de muerte volvió a estar en la opinión pública y el debate político luego que en la última semana los precandidatos presidenciales Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Eduardo Artés manifestaron estar a favor de la medida para cierto tipo de delitos.
Pero ¿qué dice el derecho internacional? Y lo más relevante: ¿Chile puede volver a instaurar la normativa que fue derogada en 2001? Esto considerando que el país está suscrito a una serie de acuerdo que tratan sobre derechos humanos.
Edgar Fuentes, experto de derecho internacional y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (UANDES), comenta, en primera instancia, se debe diferenciar “entre lo que es posible y lo que es probable”. En ese sentido, indica que, por ejemplo, “Chile como país soberano se ha comprometido, a través de distintos instrumentos internacionales (…), a no establecer la pena de muerte más allá de los delitos que ya estaban consagrados”.
No obstante, “algunos han hecho algún tipo de interpretación diciendo que esa prohibición de imponer la pena de muerte es cuando hubiesen desaparecido en el sistema jurídico del país todos los delitos que eran sancionados con esto”. Pero, “yo creo que eso no es una interpretación necesariamente razonable y no creo que pueda estar de acuerdo con la jurisprudencia que han tenido los tribunales internacionales como muy acorde a esa interpretación”, agrega.
Por otro lado, Fuentes indica que, así como Chile ha sido soberano para ejercer y comprometerse internacionalmente, también puede separarse de esa responsabilidad, pero esa posibilidad “implicaría preguntarse qué tan probable es” realizarlo, ya que “separarse de un tratado internacional (…) implica también consecuencias a niveles de política internacional, de relaciones internacionales, económicas, entre otros aspectos”.
El académico además sostiene que “la referencia de países que se han salido, por ejemplo, del sistema interamericano, que han denunciado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no dejaría muy bien parado a Chile (…). Hay que pensar simplemente que Venezuela es de los últimos países que hizo la denuncia, y bueno, al final, cuáles han sido las consecuencias alrededor también sobre este aspecto”.
Finalmente, el experto destaca que “la soberanía implica también unas consecuencias y obligaciones del ejercicio de la misma soberanía”, por lo que “hay que tener mucho cuidado con este tipo de afirmaciones. Yo no lo vería probable por todo lo que implica”.